Buenos
Aires, 30 de julio de 2016.-
CIBERCRIMEN: EL AUGE DE LOS DELITOS DE ACOSO
VIRTUAL
"En
septiembre de 2012 salía de mi departamento para ir a un almuerzo de trabajo y
escuché que alguien me dijo por detrás: «Bebé, qué lindo te queda el azul, por
fin te conozco». Me congelé y le pregunté quién era. «Marina, me conocés, soy
Sergio», me contestó mientras yo salí corriendo. Ése fue mi primer encuentro
cara a cara con uno de los 40 hombres desconocidos que me abordaron durante dos
años en la calle. Todos con la misma intención: tener un encuentro sexual
conmigo a raíz de una conversación que tuvieron con un perfil en redes sociales
que se hacía pasar por mí y les facilitaba fotos mías íntimas", relató
Marina Benítez Demtschenko, una abogada de 30 años que vive en la ciudad de La
Plata y padeció en carne propia la porno venganza.
Además de este ciberdelito,
existe otra modalidad de acoso virtual que prospera en la Argentina.
"Crecen las
organizaciones criminales que se dedican a seducir, a pedir imágenes íntimas y
luego a extorsionar a su interlocutor con subirlas a la Web a cambio de dinero:
esa práctica es conocida como sextorsión", explicó a LA NACION Adrián
Acosta, oficial local de Crímenes Digitales de Interpol.
"El mecanismo
era siempre el mismo: yo caminaba por la calle, ellos me paraban, me abordaban,
me decían siempre lo mismo: «Cómo estás... Al fin te conozco, sos más linda en
persona que por foto», y todos conocían mi nombre. Nos cruzábamos cerca de mi
estudio o en tribunales, pero mi casa era una zona caliente, porque tenían mi
dirección", continuó la abogada Demtschenko. Un día, uno de los hombres
que se acercó a ella, le explicó que lo contactó un perfil de Facebook para
conversar vía Instant Messenger.
Su ex novio
seducía a los hombres con palabras mientras enviaba fotos de Marina desnuda. La
víctima se enfrentó a una realidad muy difícil: explicarles a hombres
predispuestos a tener sexo con ella que, a pesar de que las fotos eran reales,
ella no era quien los cautivaba en la web.
Durante 2012 y
2013, el ex novio de Marina transmitió fotos íntimas que había sacado con su
consentimiento durante los siete años de relación. Además, tenía fotos de ella
durmiendo o saliendo de la ducha de espaldas, que había capturado a escondidas
y difundía.
"Mi ex pareja
trabaja en el Ministerio de Seguridad bonaerense y es el único empleado
administrativo en el sector de armamento, un área que está reservada para
efectivos policiales", agregó Marina. "Hasta que lo pude
individualizar a él como artífice del acoso, nunca tomé dimensión del peligro
al que estuve expuesta, ya que es una persona con acceso a armas", dijo.
"Mi vida
había cambiado radicalmente. Iba menos a Tribunales porque también ahí tuve
abordajes de personas del Poder Judicial (como jueces y secretarios)
convencidos de que habían hablado conmigo en Internet. Mi jefa me llevaba y
traía a la oficina y mis hermanos me acompañaban al supermercado cuando salían
del trabajo", relató la víctima, quien llegó a considerar mudarse a otra
provincia.
"Un jueves,
en octubre de 2014, mientras visitaba a mi abuela, un vecino que vivía en el
edificio de ella se acercó con el mismo modus operandi que los anteriores.
Inmediatamente le expliqué la situación y él me contó que mi ex, a través del
perfil falso, le pidió que todos los jueves cuando nos cruzáramos en el
ascensor me tape la boca y me viole, asegurando que esa era mi máxima
fantasía", expresó Marina, aliviada de no haber sufrido ningún ataque
físico a su persona.
Después de este
testimonio, el juez de la causa, Pablo Raele, ordenó el allanamiento del
departamento del sospechoso, donde secuestraron: tres computadoras, ocho
teléfonos celulares, pendrives, 1500 imágenes comprometidas de Marina y
almacenadas en los equipos, y un arma sin habilitación. La Unidad Funcional de
Instrucción (UFI) N° 11 de La Plata. a cargo del fiscal Alvaro Garganta, lleva
la causa caratulada como amenazas coactivas.
"Difundir
escenas íntimas sin permiso es una seria lesión a la intimidad que merece
sanción penal, dado el enorme daño que provocan", explicó a LA NACION
Pablo Palazzi, abogado y director del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad
de San Andrés (Cetys). "El caso de Marina es un típico caso de porno
venganza, es decir publicar imágenes íntimas para vengarse de una ex pareja por
haberlos dejado", continuó.
"Existe un
vacío en el Código Penal argentino porque no es delito publicar imágenes
íntimas grabadas sin consentimiento del titular. Puede ser extorsión si piden
dinero a cambio de no publicar las imágenes, o violación de comunicación
electrónica si la imagen está en un correo o mensaje de Whatsapp", agregó.
También aclaró que
los casos de porno venganza son delitos informáticos que aún no están
legislados en Argentina, pero empresas como Google y Facebook eligieron dar de
baja este tipo de fotos ante una denuncia de la víctima.
Bandas
organizadas.
"Las bandas
de sextorsión tienen líderes, reclutadores y agentes. Las agentes buscan a sus
víctimas en las redes sociales y se hacen amigos a través de Facebook, donde
entablan una conversación que enseguida se torna sexual", comentó el
oficial Acosta, de Crímenes Digitales de la Interpol en la Argentina. "Una
vez que consiguen la atención de la víctima, le piden conectarse vía Skype para
tener sexo virtual, mientras las agentes filman todo. La conversación puede
durar como máximo 24 horas", continuó. Una vez que finaliza el chat, la
agente explica que filmó todo y extorsiona a su víctima para que deposite un
monto de dinero en una cuenta bancaria, de otra manera, amenazan con publicar
el contenido en las redes sociales o en YouTube.
"El lugar de trabajo de
este tipo de organizaciones es como un call center, donde las agentes son
generalmente mujeres y sus víctimas hombres", agregó Acosta.
Inclusive indicó
que las bandas organizadas cuentan con tableros de recompensa y a la agente que
más dinero consigue recaudar en la semana le dan un premio, una suerte de
"el mejor empleado del mes". En la Interpol consideran que es muy
difícil llegar a estas organizaciones criminales, porque trabajan desde países
africanos donde la legislación es débil, los costos de personal bajo y la
legislación en cibercrimen muy endeble. La extorsión tiene un valor promedio de
500 dólares, sin embargo, en algunos casos, según la víctima, llegan a los
15.000 dólares.
Fuente: Artículo de Seguridad y Ciencia / Técnica, de “La
Nación” (24.7.16)
Adaptación y resumen: MPC
Más notas para entender este tema. Próximamente, publicaremos el título:
“No hay que ser hacker para cometer ciberdelitos”
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Próximas publicaciones:
- “Orígenes del 911-Emergencias”
- “La seguridad en countries” – Principios FODA
- “Perros de guardia utilizados para la seguridad patrimonial”
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